El retraso de la ley de familias lastra sus medidas de conciliación

Ana Rodrigo |

Madrid (EFE).- La lenta tramitación de la ley de familias impulsada por el ministerio de Ione Belarra está dilatando la puesta en marcha de las medidas de conciliación que incorpora, como 9 días para cuidados de familiares o el permiso de 8 semanas hasta que los hijos tengan 8 años.

En el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, entidades sociales de atención a familias e infancia han urgido al Gobierno a avanzar en la tramitación de la norma -cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre- para que pueda entrar en vigor esta legislatura. Reclaman además que las medidas de conciliación sean remuneradas.

Pese a la tramitación de urgencia, los plazos cada vez están más ajustados para conseguir ese objetivo, ya que aún debe pasar de nuevo por el Consejo de Ministros, que podría ser el próximo martes, antes de iniciar el trámite parlamentario.

Ocho semanas para cuidar hijos hasta los 8 años sin remunerar

La norma incluye nuevos permisos retribuidos para el cuidado de familiares o convivientes y asimila las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas.

También, amplía la renta crianza de cien euros al mes por hijo menor de 3 años que solo cobraban las madres trabajadoras a aquellas que están en paro o que hayan cotizado al menos un mes, una medida que ya está en marcha desde enero.

La nueva ley incluye un permiso retribuido de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o un conviviente y el derecho a ausentarse por motivos familiares urgentes -en casos de enfermedad o accidente- hasta 4 días retribuidos.

Incorpora un nuevo permiso de ocho semanas para padres y madres, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla ocho años, aunque no concreta que vaya a ser remunerado, como proponía inicialmente el departamento de Belarra.

La ley de familias, que transpone la directiva europea de conciliación de 2019 y modifica el Estatuto de los Trabajadores, reconoce los distintos tipos de hogares que hay en España y crea un registro de parejas de hecho que podrán acceder a los distintos permisos.

Más ambición, piden las entidades sociales

“Somos el único país que tenemos 16 semanas para los dos progenitores, pero hay que mejorar en flexibilidad de horarios o en permisos remunerados y no hay un apoyo económico universal para la crianza; casi todos los países europeos tiene prestaciones universales a la crianza y no medidas puntuales o deducciones fiscales”, explica a Efe Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia.

La plataforma, que agrupa a más de 70 entidades, pide al Gobierno que vaya “más allá de los compromisos mínimos establecidos en la directiva de conciliación europea” que traspone la ley.

“Nos preocupa que la directiva no esté siendo traspuesta adecuadamente en algunos aspectos como la remuneración del permiso parental”, alega Ibarra, quien señala que “en la exposición de motivos se habla de remunerado, pero en el articulado no se especifica, y eso genera dudas en la interpretación que se pueda hacer”.

Además, las ONG quieren que se garantice la universalidad de la prestación de apoyo a la crianza para que alcance a las personas en situación de inactividad y que se mantenga al menos hasta que el menor cumpla los seis años, con el compromiso de llegar hasta los 18 años en el medio o largo plazo.

Negociaciones e informes

El anteproyecto de ley llegó al Consejo de Ministros tras meses de negociaciones entre los ministerios de Hacienda y Derechos Sociales, que se vio obligado a rebajar sus aspiraciones iniciales y que estudia ahora los informes aprobados por los órganos consultivos, como el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social.

Este último órgano, que ya ha publicado su análisis, valora los avances en materia de conciliación y el reconocimiento de las diversidad de modelos familiares, aunque cree que la trasposición de la directiva debería haberse abordado en el marco del diálogo entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

Al igual que la plataforma de infancia, considera que la ley debe concretar “la remuneración o prestación económica” que conlleve el nuevo permiso parental y argumenta que el derecho del trabajador a prestación “puede ser la vía para garantizar el ejercicio adecuado de ese derecho” y evitar la penalización de la participación de las mujeres en el trabajo.

En el Día de la Conciliación, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) destaca el avance que ha supuesto la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas, intransferibles y retribuidos al 100 %.

“Una medida que ha sido muy bien acogida por los padres, a la vista de los últimos datos de la Seguridad Social: de las 473.720 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en 2022, 224.359 han correspondido al primer progenitor, habitualmente la madre, y 249.361, al segundo progenitor, normalmente el padre”, detalla.