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2024-04-13 18:33:29

El juez deja en libertad al exasesor de Ábalos y a su socio y les prohíbe salir de España

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Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la puesta en libertad provisional, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte para Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y para el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, por presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, les ha impuesto también a ambos, presuntos socios en esta trama, la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Para un tercer detenido, el empresario vasco Iñigo Rotaeche, el magistrado, también a petición del fiscal Luis Pastor, le ha impuesto la prohibición de salir del país y retirada del pasaporte, en tanto que para el cuarto de los detenidos que ha sido puesto a disposición judicial, Joseba García, hermano de Koldo García, no ha acordado ninguna medida cautelar.

Están investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

Han rehusado declarar

Los cuatro, que han optado por no declarar ante el juez cuando han comparecido ante él a las 10.00 de la mañana, salieron por su propio pie de la Audiencia Nacional, tras permanecer en calabozos, pasadas las 14.00 horas sin querer hacer declaraciones ante los medios que aguardaban su salida y han tratado incluso de ocultar sus rostros.

Koldo García, que lucía una barba poblada, ha optado por hacerlo con una gorra negra, mientras que Aldama se ha tapado con la capucha de la sudadera que llevaba puesta y ambos se han dirigido a la calle Génova para coger un taxi mientras les perseguían las cámaras.

Koldo García mascarillas
El empresario Íñigo Rotaetxe (i), junto al hermano de Koldo García (d), a la salida de la Audiencia Nacional este jueves. EFE/Sergio Pérez

El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan en esta causa una supuesta trama que habría cobrado comisiones en operaciones de compra de mascarillas que habrían afectado a distintas administraciones, como el Ministerio de Transportes, y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares.

Los otros detenidos

Además de las detenciones, la Guardia Civil ha tomado declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al tratarse de la persona que firmó los contratos de Interior con la citada empresa, cuyo propietario, José Ángel Escolar, fue uno de los veinte detenidos en la operación de la UCO y que fueron puestos después en libertad a la espera de ser citados ante el juez.

Entre la veintena de personas arrestadas figuraba también la mujer de Koldo García, que igualmente quedó en libertad, una vez practicados los 26 registros y requerimientos que acompañaron a las detenciones.

Un furgón de la Guardia Civil accede al garaje de la Audiencia Nacional
Un furgón de la Guardia Civil accede al garaje de la Audiencia Nacional este jueves en Madrid. EFE/ Sergio Pérez

En uno de esos registros, según informaron a EFE fuentes jurídicas, los agentes se encontraron la caja fuerte que había en la vivienda abierta y sin papeles, por lo que no se descarta algún chivatazo.

La operación policial se produjo en diversas provincias de España, como Alicante, donde fue detenido Koldo García, quien habría intermediado entre empresas y administraciones y, presuntamente, habría cobrado comisiones irregulares por ello.

Canarias investigará su compra de mascarillas a los detenidos

Tras el estallido de la operación se ha sabido que el Gobierno de Canarias compró en las primeras semanas del estado de alarma varios lotes de mascarillas a la sociedad investigada en este procedimiento -Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas- por 6,87 millones de euros.

Una cifra que sería de 3,7 millones de euros por casi millón y medio de mascarillas en el caso del Gobierno de Baleares, que ha anunciado una auditoría sobre esta compra.

La Fiscalía Anticorrupción abrió en abril de 2022 una investigación a esta empresa a raíz de una denuncia del PP, en la que pedía poner el foco en supuestas “irregularidades” que habrían afectado a la contratación de emergencia relacionada con la COVID tras la publicación de diversas informaciones.


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