El Gobierno canario explorará el diálogo con el Estado sobre los expedientes de costas que se ha reservado

Santa Cruz de Tenerife, 13 sep (EFE).- El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado que a finales de septiembre habrá una primera reunión con el Ejecutivo central para tratar sobre la culminación de la transferencia de los expedientes que se ha reservado el Estado respecto a las costas canarias.

Es preciso “aclarar el marco competencial” y por eso “es vital” esa reunión , “y a partir de ese diálogo” se verá si es necesario convocar la comisión bilateral “o ir más allá”, dijo Rodríguez durante una comparecencia en el pleno del Parlamento en referencia un eventual conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Pero lo que está claro es que el ejecutivo no va a “mirar para otro lado”, aseguró.

La principal discrepancia sobre los expedientes se refiere a los que afectan a los hoteles de la cadena Riu erigidos en dominio público en las dunas de Corralejo (Fuerteventura).

El Gobierno de Canarias anterior aprobó en mayo la autorización de la obras de reforma en el hotel, pero en julio el Gobierno central declaró la caducidad de las concesiones a los alojamientos de la cadena hotelera situados en el dominio público, lo que conlleva la retirada de las instalaciones y la reversión de los terrenos.

“Tenemos absoluta certeza de que la competencia exclusiva es del Gobierno de Canarias” porque así lo establece el Estatuto de Autonomía, y si el Ministerio se reserva expedientes sin que eso esté previsto en el decreto de traspaso de competencias entonces ya no serían competencias exclusivas, dijo el consejero.

Pablo Rodríguez dijo que el traspaso de competencias en costas, vigente desde el 1 de enero, “es un tremendo avance” pero “sin rebajas, interpretaciones ni demoras”, porque la ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, es “exclusiva” de la Comunidad Autónoma, subrayó.

Esas competencias se recibieron tarde y además con medios materiales y humanos insuficientes, así que en esa reunión el Gobierno de Canarias será “exigente” y “firme” en el desarrollo del autogobierno en la gestión del litoral, enfatizó.

Señaló que solo se ha traspasado el 30 por ciento del personal que operaba en la demarcación de costas de Canarias cuando las competencias eran estatales, así que lo primero que ha hecho la recién creada Dirección General de Costas autonómica es elaborar una relación de puestos de trabajo, explicó Rodríguez.

“No se puede finalizar el traspaso si se mantiene un conflicto competencial en partes importantes del decreto, que es incompleto” y se incumple el Estatuto de Autonomía si el Estado se reserva competencias que son exclusivas de Canarias, apuntó.

La diputada de CC Socorro Beato acusó al anterior gobierno canario de haber asumido un traspaso insuficiente de las competencias porque el Estado se ha reservado determinados expedientes sensibles, como el de las instalaciones de Riu en las dunas de Corralejo, e instó al consejero a insistir en que debe ser la Comunidad Autónoma la que gestione ese asunto.

Nira Fierro, del PSOE, reconoció las dificultades que tuvo el anterior ejecutivo en el traspaso de los expedientes, pero subrayó que “hasta el final se tomaron decisiones trascendentales y sensibles sin arrugarse frente a nadie”, por lo que pidió al consejero que mantenga la senda del “diálogo y exigencia”, porque “tiene argumentos”.

Según Fernando Enseñat, del PP, hubo “desidia y pasotismo” del Gobierno de Canarias en el proceso de traspaso y una “subordinación cómplice”, como queda claro en el asunto de los expedientes sobre la cadena Riu.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, mostró su preocupación por una transferencia de competencias “parcial e incompleta” porque “puede entorpecer” la eficacia de la gestión canaria.

Paula Jover, de Vox, preguntó al consejero cómo va a medir “ese mantra” de que el autogobierno supondrá una mejora en las competencias de costas.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, indicó que “hay que seguir peleando” para que se transfieran más medios, y Raúl Acosta, de AHI, defendió que hay que reclamar al Estado una dotación adecuada de las competencias.