El Congreso de Perú amplía la legislatura para debatir proyectos como la bicameralidad

La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, decretó este miércoles ampliar la actual legislatura hasta el próximo 15 de julio a fin de que se debatan iniciativas del Gobierno y otros temas pendientes, entre los que figuran el dictamen que propone el regreso a la bicameralidad en el Legislativo.

"Es necesario modificar la ampliación de la Convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022 a fin de que el Pleno del Congreso tenga el tiempo necesario para abordar y debatir los temas incluidos en la agenda fija", sostiene el decreto.

Con la ampliación de la legislatura, que se tenía previsto que culminara este viernes, el Parlamento podrá debatir y votar los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que están pendientes, entre ellos dos que proponen denunciar constitucionalmente al presidente, Pedro Castillo, y a la vicepresidenta, Dina Boluarte.

Además, según declaró Alva el lunes pasado, se prevé que el hemiciclo también de prioridad a proyectos presentados por el Ejecutivo con carácter de urgencia y otros que proponen el retorno a la bicameralidad, eliminada en la vigente Carta Magna, implementada en 1993 durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

"Tenemos que ver el tema de bicameralidad, así que tenemos que ampliar (...) la fecha exacta no la tengo, pero tenemos que ver temas importantes", declaró la titular del Legislativo.

A inicios de junio pasado, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que plantea la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad con una propuesta de elección de 130 diputados y 30 senadores.

"La bicameralidad es fundamental para tener mejores leyes y no desde ahora, desde el 2000 se tiene el proyecto de la bicameralidad", aseguró Alva.

Con la ampliación de la legislatura, además, se abordarán las denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión Permanente y la delegación de facultades legislativas al mismo grupo de trabajo, según detalló el Congreso en un comunicado.

Entre las denuncias constitucionales que están avanzando en el Parlamento figura una contra Castillo por presuntamente dirigir una red criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con su gestión, que están prófugos de la Justicia.

El jueves pasado, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

El expediente será votado por el pleno del Congreso en una fecha aún no definida aunque, con los votos a favor de la oposición, todo apunta a que recibirá luz verde.

Castillo, quien niega tajantemente las acusaciones en su contra, está siendo investigado de manera preliminar por el mismo caso por la Fiscalía de la Nación, bajo la presunción de haber cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

En paralelo a este proceso, el mismo grupo parlamentario dio el viernes pasado un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente el informe final de una denuncia constitucional contra la vicepresidenta por haber realizado trámites como presidenta de un club departamental cuando ya ejercía su cargo en el Gobierno de Castillo.

Si el informe final recomienda acusar a Boluarte, el caso volverá a la Comisión Permanente, la cual definirá si conforma o no una comisión que presente la denuncia ante el pleno, donde para prosperar el pedido necesitaría el voto a favor de 67 de los 130 legisladores que conforman la Cámara peruana.

De ser aprobada en el hemiciclo, Boluarte podría enfrentar una acusación de la Fiscalía de la Nación y ser apartada de los cargos que ocupa en el Gobierno.

Por este caso, la defensa legal de la vicepresidenta denunció en junio pasado al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir al organismo supranacional que inste al Congreso a declarar la nulidad del proceso en su contra.