Álvarez (UGT) afea a la CEOE que rechace unos acuerdos de investidura que son “resultado de las elecciones”

Pamplona (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afeado como “ruido” las críticas de la CEOE a los acuerdos alcanzados por el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Los ha enmarcado en el “resultado de las elecciones” y ha augurado que con el tiempo “vamos a ver que han sido una buena decisión”.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de participar en una jornada en Pamplona, donde preguntado al respecto del comunicado de la CEOE sobre la repercusión negativa que a juicio de las patronales supondrá el acuerdo para el desarrollo de la economía, Álvarez ha negado ese efecto. Se ha remitido a apreciaciones de la patronal catalana sobre las políticas realizadas en los últimos tiempos, “muy importantes y muy buenas para que se haya ganado en convivencia en Cataluña y en España”.

Por ello, el dirigente sindical ha considerado que el de la fractura a costa de Cataluña “es un capítulo que hay que cerrar definitivamente y cerrarlo quiere decir que cuantos menos grupos políticos y más minoritarios sean los que no aceptan las reglas de juegos de la Constitución, muchísimo mejor”.

En el futuro la amnistía se verá “una buena decisión”

Además, ha augurado que con el tiempo el acuerdo de la amnistía que ahora se plantea para los encausados por el procés “vamos a ver que ha sido una buena decisión”, como a su juicio ha ocurrido ahora con los indultos a algunos de ellos de hace tiempo. “Hoy ya nadie habla de los indultos pero cuando se dieron parecía que se caía el mundo. Hoy hay un reconocimiento general de que han sido instrumentos positivos y creo que es un buen camino”, ha subrayado.

En cuanto a las críticas de los pactos con los partidos, Pepe Álvarez ha pedido tener presente que “el jueves lo que se vota es la investidura de un presidente, no el paquete de las leyes que acompañan los acuerdos con los grupos políticos. Esas leyes se van a discutir después y va a haber mucho tiempo después para poder opinar” sobre ellas.

El debate es si se acepta o no el resultado de las elecciones

Por eso, para la UGT el debate ahora es “si se acepta el resultado de las elecciones o no. Si este es un país que acepta el marco constitucional y por tanto, dentro de ese marco constitucional, no hay ninguna duda de que la elección del presidente del Gobierno la hacen mayoría absoluta de los diputados y de las diputadas. Y todos los diputados y todas las diputadas tienen el voto que tiene el mismo valor”.

Personalmente, y a partir de ahí, a la UGT “hay cosas que nos gustan más y que nos gustan menos y que en todo caso iremos viendo y opinando. No solo sobre lo que hay, sino también haciendo propuestas sobre lo que queremos que debe de ser la legislatura en los próximos cuatro años”, ha zanjado Álvarez.

Las 35 horas semanales y los 1.200 euros para el SMI, objetivos de UGT en la legislatura

Por otro lado, el Secretario General de la UGT, Pepe Álvarez, ha abogado este martes en Pamplona por dos objetivos principales para esta legislatura en la mejora de los trabajadores, como son el establecimiento de una jornada de 35 horas semanales y de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros.

Lo ha dicho antes de participar en la jornada ‘Avanzando hacia las 32 horas. El reto que viene’ organizada por UGT de Navarra, en la que se ha analizado la reducción del tiempo de trabajo en España, de la que Álvarez ha reconocido que su objetivo de ir “directamente” a por las 32 horas semanales “se hace muy complejo”.

De ahí que a la UGT le parezca que las 35 sean “un punto de encuentro para poder avanzar a partir de ahí hacia las 32 horas de trabajo”, ha dicho esperanzado en que la previsible próxima investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español conlleve “ir en esa en esa línea” gracias a los pactos entre PSOE y Sumar.

Al respecto, ha señalado que la reducción afectaría a cerca de 12 millones de trabajadores, la mitad de ellos con reducciones muy altas porque todavía están en la máxima legal de 40 horas semanales, una cifra establecida en el año 1984, por lo que sería “un paso muy importante y ya tocaba”.

Álvarez ha analizado que en estos casi 40 años “todas las actividades producen el doble, los servicios se pueden dar el doble o el triple con el mismo número de trabajadores. No ha habido una repercusión de lo que ha representado la reducción del tiempo de trabajo por razones tecnológicas, para nada en la vida diaria de los trabajadores.”

Al contrario, “se nos han sumado más obligaciones”, ha dicho para referirse como ejemplo a la necesaria formación continua, “exigencia para poder continuar trabajando” y que habitualmente se hace fuera de la jornada laboral.

El debate sobre el coste del despido

Otro de los asuntos clave para la UGT en esta próxima legislatura será el coste del despido, ya que el sindicato pide que este “no solo obedezca a los días por año trabajado como en estos momentos, sino que introduzca el despido ‘resarcitorio’, que se tengan en cuenta las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras que son llamados a ser despedidos desde el punto de vista de la formación, del lugar donde están, de si es hombre o mujer y las responsabilidades familiares que tienen”.

“En definitiva, que tengamos un despido de acuerdo con la Carta Social Europea” acorde al entorno en el que se desenvuelve España, ha dicho Álvarez.

En este plano, ha abogado por restaurar el despido en 45 días al año, e introducir nuevas cláusulas, como que la de que, en despidos improcedentes, el que decida si entra a trabajar o no sea la víctima, y no las empresa como actualmente, lo que es “una profunda injusticia”.

El SMI, en 1.200 euros

Y el tercer eje de reclamación para la legislatura será el del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque “todo este ruido en el entorno a la investidura del presidente del Gobierno nos ha impedido situarlo”, ha reconocido el líder sindical, quien ha recordado que la UGT reclama una cifra de 1.200 euros, porque es “justamente situarse en el 60 % del salario medio, tal y como sitúa la Carta Social Europea” .

Y también así lo sitúan la Agencia Tributaria, Eurostat y la Seguridad Social, ha reclamado Álvarez como consenso justo rente a la Comisión de Expertos por la que abogó en su momento el Gobierno español para determinar el acuerdo y que a su juicio “no tiene sentido”.