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Madrid (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el ingreso mínimo vital (IMV) ha llegado al 35 % de sus beneficiarios potenciales, 284.000 hogares, lo que supone “escasos avances” en el despliegue de esta prestación, en tanto que el número de hogares que lo reciben apenas ha experimentado variación en el último año.
La AIReF ha constatado que el presupuesto ejecutado en el pasado año en el despliegue del IMV fue de 1.900 millones de euros, el 47 % de su potencial, y calcula que casi 470.000 hogares de los 800.000 potenciales beneficiarios no solicitaron el IMV en 2022 y, además, que el 69 % de las solicitudes fueron denegadas.
Con todo, el organismo evaluador sí afirma que el IMV llega a los hogares más vulnerables, ya que el 62 % de los beneficiarios lleva percibiendo la prestación desde 2020 y el 54 % no había percibido ningún salario en los tres años anteriores a la prestación.
En la presentación de la “segunda opinión” del IMV elaborada por la AIReF, su presidenta, Cristina Herrero, ha señalado que el Ingreso Mínimo Vital cuenta con una “limitación de partida” en tanto que no tiene definido un objetivo en términos cuantitativos en lo que se refiere a la erradicación de la pobreza.
En este sentido, Herrero ha detallado que si uno de los objetivos era prevenir el riesgo de pobreza, al no haber en la ley del IMV una definición de la misma no pueden “determinar cuándo está siendo eficaz”, si bien sí que se habría cumplido el objetivo de garantizar un nivel de renta en todo el país.
Sobre el número de potenciales beneficiarios que no solicitan la prestación, Herrero ha remarcado los “pocos avances”, lo que, para la presidenta de la AIReF “corrobora las dificultades de implementar” prestaciones de este tipo.
La tasa de “non take-up”, es decir, los potenciales beneficiarios que no solicitan el IMV, fue del 58 % en 2022, el mismo nivel que en el año anterior.
Sobre esto, el director de la División de Evaluación, José María Casado, ha señalado que el IMV está llegando a una proporción de potenciales beneficiarios parecida a la que sucede con otras ayudas que ofrecen países del entorno, aunque pueden llevarse a cabo más acciones para reducir el porcentaje.
La AIReF apunta a “muchos hogares sin menores” y localizados en comunidades con mucha población y baja renta, como Andalucía, como el perfil de los potenciales beneficiarios que no solicitan el IMV, por lo que propone focalizar las campañas.
Asimismo, el 38 % de quienes no lo solicitan, de hacerlo, vería incrementada su renta en menos de un 30 %, luego, según Casado, es posible que no lo hagan porque “no les merezca la pena”.
Entre las propuestas de la AIReF para mejorar la llegada de esta prestación está “modificar el modelo de gestión y hacerlo más automático” a través de una base de datos con la información de rentas y prestaciones, que permita “llegar de manera automática a las personas vulnerables”.
La tasa de “non take-up” del nuevo complemento de infancia (CAPI) es más elevado, del 76 %, un porcentaje mayor que la de los países del entorno y para el que Herrero pide “profundizar” para encontrar el motivo.
El CAPI llega tanto a perceptores del IMV, pero también a otros hogares que no perciben dicha prestación, porque eleva los umbrales de renta, algo que ha generado un aumento del 60 % de solicitudes de IMV, ya que debe solicitarse mediante el mismo trámite.
La AIReF propone, como experimento para facilitar su acceso, desligar el CAPI del IMV y también incrementar la publicidad institucional de este complemento, ya que si bien consideran que el ingreso mínimo sí ha tenido fuertes campañas institucionales, no ha sucedido lo mismo con el nuevo complemento de infancia.
El organismo ha insistido en la necesidad de acelerar y reforzar los mecanismo de intercambio de información de la Administración sobre población vulnerable, renta, patrimonios, prestaciones, impuestos y asistencia social.
Esa información “se podría llegar a complementar con una declaración universal de rentas y prestaciones” para avanzar hacia un modelo de IMV cuya concesión se inicie “de oficio” o que se convierta en un impuesto “negativo”.
Otra de las recomendaciones se refiere al ajuste que realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ya que el 83 % de los beneficiarios ve modificada su nómina cuando es revisada y el 16 % causa baja como beneficiario; a estos últimos se les solicita devolver 2.500 euros en mediana.
Esa devolución, en hogares de rentas bajas, puede suponer un perjuicio que podría atenuarse si los ajustes se hicieran cada mes.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cuestionado la opinión publicada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el ingreso mínimo vital (IMV) que se ha elaborado “sin interlocución” con el área que dirige esta política.
Según fuentes del Ministerio de Inclusión, del informe tampoco se desprende que se haya contactado con los agentes colaboradores en el desarrollo e implementación de esta política (organizaciones del tercer sector, ayuntamientos y comunidades autónomas).
También señalan que algunos de los datos incluidos y los análisis que se desprenden “adolecen de escasa calidad y falta de fundamentación, lo que pone en entredicho sus conclusiones”.
Inciden en que la opinión obvia las acciones puestas en marcha desde el Ministerio para llegar a los potenciales beneficiarios de la prestación y tampoco existe detalle ni evaluación de los 34 itinerarios de inclusión que se han puesto en marcha en el último año.
Y no tiene en cuenta el contexto económico de fuerte creación de empleo de 2022, “que indudablemente tiene una correlación con la mejora de la situación de vulnerabilidad de muchos hogares y su consiguiente salida del Ingreso Mínimo Vital” y no realiza una evaluación de los efectos que ha tenido esta política en la reducción de la pobreza extrema.
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